Rosario Espinal
Con cinco años de gestión, es posible identificar las principales características del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). En esencia, el oficialismo ha replicado la misma ecuación que utilizó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante sus mandatos, con una excepción: ha convertido en emblema el discurso de la lucha contra la corrupción, bandera con la que llegó al poder. Sin embargo, los escándalos propios no han estado ausentes, siendo el caso SENASA el más reciente.
Ahora bien, utilizar la misma fórmula no significa que todo sea idéntico, pero sí que los parámetros son los mismos. El PRM ha sostenido y expandido el Estado clientelar-asistencial que el PLD afianzó a partir del 2005. Esto se expresa, principalmente, en el crecimiento de la nómina pública y en la ampliación de programas de subsidios que abarcan a pobres, clase media y hasta sectores con mayores ingresos.
En estos cinco años, la empleomanía estatal ha crecido en unos 100 mil puestos adicionales, con salarios más altos, mientras que los subsidios se han expandido tanto en monto como en número de beneficiarios.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) señala que entre 2015 y 2019 el gasto promedio del Gobierno central fue equivalente al 16.8% del PIB. Desde 2021, ese promedio ha subido a 19.0%.
La consecuencia es clara: los gastos corrientes superan de manera constante a los ingresos corrientes, situación que el economista Andy Dauhajre ha calificado como la “trampa del gasto corriente”. Ese desbalance se financia con un incremento sostenido de la deuda pública.
El crecimiento paralelo del gasto y la deuda es una ecuación peligrosa, una auténtica bomba de tiempo que amenaza la estabilidad fiscal del país.
Pese al aumento del gasto, los servicios esenciales siguen estancados. No se observan mejoras significativas en áreas clave como educación, salud, electricidad o transporte.
El Estado clientelar-asistencial, sin embargo, cumple una función política evidente: asegura estabilidad y apoyo social, lo que permitió al PLD gobernar por 16 años consecutivos y ahora mantiene al PRM rumbo a su sexto año. El problema es que el costo de ese modelo se hace cada vez más insostenible.
El Gobierno enfrenta un dilema político de difícil solución:
Aumentar impuestos para reducir el ritmo del endeudamiento provocaría rechazo social.
Reducir empleomanía y subsidios generaría también descontento y tensiones.
Por esa razón, la anunciada reforma fiscal nunca ha sido implementada y probablemente no se concretará mientras la presión internacional de los acreedores no obligue al país a tomar medidas.
Más allá de la cuestión fiscal, el Gobierno ha enfocado su energía en la concentración de poder político, sin garantizar eficiencia en los servicios públicos. La falta de resultados en áreas sensibles contrasta con el gasto creciente en empleos, contrataciones y publicidad oficial.
Aun así, la población se mantiene en calma y la oposición no logra capitalizar el descontento. Esa docilidad social, unida a la fragmentación política, ha facilitado la estrategia oficialista.
El gasto financiado con deuda tiene un beneficio inmediato: las encuestas siguen registrando altos niveles de aprobación presidencial. Sin embargo, los riesgos hacia adelante son evidentes: pérdida de la estabilidad macroeconómica, reducción abrupta de subsidios o una eventual y traumática subida de impuestos.
El PRM, al igual que el PLD en su momento, ha encontrado en el clientelismo y el endeudamiento la fórmula para sostener gobernabilidad. Pero esa ecuación, tarde o temprano, puede resultar insostenible.