Tobias Crespo
Santo Domingo.– El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, denunció este martes un manejo opaco y fragmentado de miles de millones de pesos en el sector tránsito y transporte, al advertir que el uso extensivo de fideicomisos por parte del Gobierno ha limitado la fiscalización del Congreso, los órganos de control y la ciudadanía.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Crespo afirmó que el Presupuesto General del Estado no desagrega con claridad los recursos que reciben entidades clave como RD Vial, los proyectos de vivienda de bajo costo, ParqueaRD, Cabo Rojo ni los corredores de transporte, lo que impide conocer con precisión cuánto dinero público se administra y en qué se utiliza.
Sostuvo que los fideicomisos manejan montos equivalentes a los del sistema nacional de compras y contrataciones —más de RD$256 mil millones— pero sin los mismos niveles de transparencia, ya que se rigen por contratos privados y no por los mecanismos ordinarios de rendición de cuentas.
En ese contexto, el legislador explicó que sometió un proyecto de ley para unificar los servicios de asistencia vial, actualmente dispersos entre la Digesett, la Comipol y Acarrea, al considerar que no es eficiente ni legal que tres entidades distintas realicen funciones similares en las vías públicas.
Crespo subrayó que la asistencia vial forma parte de la seguridad vial y de la seguridad ciudadana, por lo que debe estar claramente regulada por ley y concentrada en un solo ente con facultades definidas y recursos suficientes.
El diputado fue especialmente crítico con la Comisión Militar y Policial (Comipol), a la que acusó de manejar cientos de millones de pesos de manera opaca, amparada en fideicomisos y sin un marco legal claro que sustente muchas de sus funciones actuales.
Crespo advirtió que la DIGESETT, único organismo facultado por ley para fiscalizar el tránsito y levantar actas de infracción, es paradójicamente el más debilitado del sistema. Indicó que la entidad carece de alcoholímetros certificados, radares homologados, vehículos, personal suficiente y equipamiento adecuado.
Precisó que muchos de los alcoholímetros utilizados no cumplen con los estándares técnicos ni están homologados por el INDOCAL, lo que pone en riesgo el debido proceso y la validez de las sanciones ante los tribunales.
El legislador aseguró que, aunque la asistencia vial aún existe, los tiempos de respuesta han empeorado, reflejando —según dijo— un deterioro general de los servicios públicos durante la actual gestión.
También cuestionó los resultados de los grandes proyectos de transporte anunciados por el Gobierno: corredores que no funcionan, el monorriel de Santiago inconcluso, teleféricos que no operan plenamente y extensiones del Metro sin terminar, pese a los recursos comprometidos.