Juan López
Hace más de una década que en Haití no se han podido realizar elecciones. Las últimas elecciones presidenciales fueron el 25 de octubre de 2015; por cierto, tanto el proceso como sus resultados fueron muy controversiales y tuvieron una pírrica participación que no llegó al 30 % de los electores.
De esas elecciones resultó electo Jovenel Moïse, quien, cinco años después, fue víctima de un cruento magnicidio el 7 de julio de 2021. A partir de ese funesto acontecimiento, la gobernabilidad haitiana colapsó, generando una profunda y compleja crisis sociopolítica y económica que no ha podido superar.
La intolerancia, ambiciones y prejuicios raciales (principalmente, negros versus mulatos) han imposibilitado los acuerdos entre haitianos. Han sido incapaces de resolver sus conflictos sin intervenciones internacionales. Ahí está su historia: ¡seis ocupaciones militares directas a partir del siglo XX!
Hasta la fecha, todas las gestiones realizadas por la comunidad internacional (ONU, OEA, CARICOM, Unión Europea, EE. UU., importantes ONG y personalidades) han fracasado. No existen fórmulas sociopolíticas que, racionalmente, unifiquen a la clase política, intelectuales haitianos y élites empresariales.
Se ha comprobado la ineficacia de la intervención militar que, por resolución de la ONU, encabeza Kenia (que ya empezó a retirarse de Haití) sin cumplir con su misión. También fracasó el llamado Consejo Presidencial de Transición (CPT), que por sus ambiciones personales y luchas internas tampoco fue capaz de cumplir con ninguna de las funciones y objetivos para los que fue designado. ¡El CPT fue otro fracaso total!
El desastre sociopolítico de Haití es de tal magnitud que el Consejo Electoral Provisional (CEP) publicó la “intención” de montar un proceso electoral para el 30 de agosto de este año. En menos de dos meses ya fueron reconocidos 280 partidos. Otros 20 están esperando reconocimiento. Posiblemente participarán en dichos comicios cerca de 300 partidos. ¡Qué caricatura de país!
Es imprescindible reflexionar sobre el panorama haitiano previo a sus próximas elecciones:
a) Es el país más empobrecido del hemisferio occidental. Más del 75 % vive en la pobreza.
b) Desde 2015 las actividades productivas están semiparalizadas, con una inflación por encima del 25 %.
c) Desde hace más de cinco años Haití no tiene presidente ni Congreso.
Lo peor:
d) Varias pandillas armadas controlan más del 80 % del territorio, imponiendo violencia, secuestros, extorsiones, destrucción, saqueos, narcotráfico y miles de muertes. Un país en total zozobra e inseguridad ciudadana. Carencia absoluta de institucionalidad y gobernabilidad. Verdaderamente, un Estado fallido.
En esa tétrica e impredecible realidad sociopolítica es temerario y casi imposible realizar elecciones democráticas, libres, equitativas, con resultados transparentes y aceptados por los participantes. Se impone que, previamente, se realice un profundo proceso de pacificación, que requiere desarmar, controlar e inhabilitar las diferentes bandas armadas.
Para esos fines, por resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el pasado 30 de septiembre, se articuló una fuerza militar internacional antipandillas, con más de 5,500 efectivos, cuyo principal objetivo es enfrentar y desarmar las pandillas, controlar el territorio y pacificar la sociedad antes de las elecciones programadas para el 30 de agosto. ¿Será posible en cinco meses?
El despliegue y las acciones de esa fuerza multinacional comenzarán el próximo 1.º de abril. ¿Cómo se producirá ese inevitable enfrentamiento? ¿Cuáles serán sus consecuencias políticas y sociales? ¿Se podrá controlar efectivamente a las pandillas para pacificar ese desventurado país? ¿Se logrará el ambiente sociopolítico que permita la realización de las elecciones el 30 de agosto?
Las respuestas a esas preguntas son difíciles; pero es imprescindible que se implementen acciones firmes mediante la actuación de la fuerza militar internacional. Eso lo demanda el pueblo haitiano y también los países de la región. La paz social y política son condiciones previas para la gobernanza e institucionalidad haitianas, lo que conviene a todos, en particular a la República Dominicana, que se encuentra en ascuas por la permanente y masiva inmigración de haitianos indocumentados.
Dentro de lo que la diplomacia permita, el gobierno dominicano debe ofrecer todo el apoyo que pudiera necesitar la fuerza multinacional que enfrentará a las pandillas en Haití, para que la paz y la justicia social sirvan de base al bienestar que merece el sufrido pueblo haitiano.
Manos a la obra con la única alternativa posible: ¡Pacificación, desarme y control total del territorio previo a las elecciones haitianas! ¡Ojalá así ocurra!
22 de marzo de 2026.