Nayib Bukele lleva a Haití su modelo de guerra contra las pandillas criminales salvadoreñas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha convertido la desaparición en Haití de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en el detonante de un despliegue militar sin precedentes en la historia reciente del país centroamericano, el más pequeño en extensión de América Latina.

Más de 2.000 soldados salvadoreños han llegado a Haití en cuestión de días, superando al contingente actual de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), la misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esa fuerza tiene un techo previsto de 5.550 efectivos, pero apenas había alcanzado entre 1.500 y 1.800 después de más de un año de esfuerzos, dada la falta de financiamiento internacional.

De acuerdo con reportes periodísticos, El Salvador ha movilizado blindados, helicópteros de ataque y transporte, y unidades de fuerzas especiales, marines e infantería. Es el primer despliegue de esta magnitud que realiza San Salvador en el extranjero desde que el país salió, hace casi cuatro décadas, de una sangrienta y prolongada guerra civil.

El origen inmediato del operativo fue definido claramente por Bukele cuando el caso comenzó a escalar. El 18 de octubre de 2026, cuatro aerotécnicos de la Fuerza Aérea salvadoreña, integrantes del contingente no combatiente que El Salvador aportaba a la GSF (alrededor de 124 efectivos antes de la escalada, dedicados principalmente a evacuaciones médicas), fueron emboscados en las afueras de Puerto Príncipe.

Estos cuatro uniformados viajaban en un vehículo blindado que se incendió tras el ataque, los cuatro lograron salir con vida, aparentemente, pero perdieron contacto. Ningún grupo criminal de Haití ha reclamado formalmente la responsabilidad, aunque las autoridades han señalado a estructuras vinculadas a Chen Mechan y 400 Mawozo.

Nayib Bukele calificó el hecho como un secuestro y lanzó un ultimátum: "Ya terminamos con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también".

La respuesta militar escaló con rapidez. De un envío inicial de fuerzas especiales se pasó, en cuestión de días al despliegue del mayor contingente armado extranjero en Haití, al cierre de octubre. Bukele informó que el despliegue estaba casi concluido y que su Gobierno asumía el 90% de los gastos.

En un mensaje que dirigió a los haitianos en creole, Nayib Bukele escribió: "Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití… Nuestro único objetivo es traer de regreso a nuestros cuatro técnicos de aviación. Y vamos a darle una lección a las pandillas… No venimos a Haití para ganar dinero, porque nadie nos paga por esto. Venimos a Haití para luchar contra los malvados".

Antes de la escalada, Bukele consultó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el portal Axios, con fuentes en la Casa Blanca, Trump le respondió al mandatario salvadoreño: "Do what you have to do" ("Haz lo que tengas que hacer"). Días después, Trump confirmó públicamente la conversación y deslizó que los salvadoreños habían sido asesinados.

Washington ha facilitado transporte aéreo con aviones C-130 y ha dado su bendición tácita a la operación, manteniendo distancia formal. Analistas como Jake Johnston, del Center for Economic and Policy Research, han señalado que Haití podría funcionar como un caso de prueba para que Bukele y el contratista de seguridad Erik Prince (aliado de Trump y con presencia en Haití a través de su firma de mercenarios Vectus Global) actúen como proxies público-privados de la influencia estadounidense en el hemisferio, mientras Washington no se involucra con tropas estadounidenses.

El despliegue opera en un contexto de extrema violencia. Las pandillas haitianas, agrupadas en coaliciones como Viv Ansanm, controlan amplias zonas de Puerto Príncipe —algunos estiman hasta el 80% de la capital— y han expandido su influencia más allá. Coordinan ataques, controlan territorios, recaudan extorsiones y han convertido barrios enteros en zonas de exclusión.

Según cifras de la ONU, más de 5.700 personas murieron en violencia relacionada con pandillas este año, y cerca de 1,5 millones de haitianos están desplazados internamente. La GSF, creada por la Resolución 2.793 del Consejo de Seguridad en septiembre de 2025 para "neutralizar, aislar y disuadir" a las pandillas, ha tenido dificultades para penetrar esas zonas. Su predecesora, liderada por Kenia, tampoco logró resultados contundentes. Ambas misiones, que no son en sentido estricto misiones formales de la ONU, tienen un modelo de financiamiento voluntario de varios países occidentales.

Entretanto, para analistas salvadoreños y especializados en relaciones cívico-militares, el riesgo es que un país pequeño, que hace cuatro décadas salió de una guerra civil prolongada y sangrienta, se vea arrastrado a un conflicto de gran escala.

Orlando J. Pérez, profesor de Ciencia Política en Texas, ha subrayado las inconsistencias entre las versiones de San Salvador y Puerto Príncipe: "San Salvador anuncia más de 2.000 soldados en una 'operación a gran escala' y nunca menciona la GSF respaldada por la ONU. Puerto Príncipe los sitúa 'dans le cadre de la FRG/GSF'… ¿Quién comanda a 2.000 tropas extranjeras en suelo haitiano?", se pregunta incisivamente el académico especializado en cuestiones de seguridad.

A juicio de Jake Johnston, una acción tan importante en número de efectivos y movilización de recursos "claramente es un despliegue a más largo plazo", mucho más allá de una "búsqueda y rescate".

Como telón de fondo, casi sin la atención mediática internacional que ha recibido el despliegue militar, Haití volvió a postergar sus elecciones. El Consejo Electoral Provisional fijó la primera vuelta para el 18 de julio de 2027 (con segunda vuelta el 4 de octubre), después de haber cancelado las fechas de agosto y diciembre de 2026.

Las razones oficiales apuntan a la crisis de seguridad, la violencia de las pandillas que impide organizar el proceso, un nuevo decreto electoral y consultas con fuerzas de seguridad y actores políticos. Haití no celebra elecciones presidenciales desde 2016; el último presidente electo, Jovenel Moïse, fue asesinado en 2021 y este caso dio paso al empoderamiento de las pandillas en medio del vacío institucional que asola al país caribeño.

Para observadores, la postergación de los comicios prolonga un vacío institucional que ya dura una década, debilita la legitimidad del Gobierno de transición encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y complica cualquier esfuerzo de reconstrucción institucional. Sin un Gobierno elegido, la dependencia de fuerzas extranjeras —ya sea la GSF multinacional o el contingente salvadoreño— se vuelve aún más pronunciada.

Bukele ha insistido en que su experiencia interna le permite enfrentar la deriva haitiana. Pero a diferencia de la guerra que libró el mandatario contra el crimen organizado en su país, en el caso haitiano ha ocurrido una derivación sanguinaria lo que hace que el riesgo de víctimas civiles sea alto, en un entorno urbano densamente poblado donde las pandillas usan a la población como escudo.

Para El Salvador esta inédita operación representa serios riesgos: el costo financiero (aunque se presuma que Estados Unidos respalda indirectamente), el posible desgaste de su imagen de éxito en seguridad y el peligro de un enredo prolongado en un conflicto complejo que le es ajeno a los salvadoreños.