La deuda pública: el legado irresponsable del PRM

Desde círculos del oficialismo se celebra como un gran logro que “el presupuesto inicial del 2026 está prácticamente financiado”.

Lo que se oculta en ese festejo es que el presupuesto está financiado debido a que el actual gobierno del PRM ha incrementado la deuda pública de manera sistemática durante cerca de los últimos seis años.

La deuda pública contraída desde el 2020 a la actualidad sobrepasa la acumulada durante los 42 años previos. Eso equivale a decir que, desde el 1982 al 2020 esa deuda era de algo más de 25 mil millones de dólares; pero que desde el 2020 al momento actual, su crecimiento ha sido de casi 30 mil millones de dólares.

En diciembre de 2020, la deuda pública consolidada era cercana a 53 mil millones de dólares. A febrero de 2026, ha alcanzado la descomunal cifra de 80,670 millones de dólares. Más aún, la velocidad con que se ha producido durante el actual ejercicio gubernamental es 12 veces mayor que la que tuvo entre 1970 y 2012.

¡Increíble!

En verdad, se trata de una tragedia en evolución. De manera paulatina el actual gobierno conduce al pueblo dominicano hacia un precipicio que podría eventualmente culminar en una catástrofe financiera, con graves consecuencias para las generaciones del futuro.

No se cuestiona que en determinadas circunstancias el Estado deba recurrir al endeudamiento público. De hecho, lo hacen todos los gobiernos, como también lo hacen las empresas privadas. El crédito es uno de los mecanismos a través de los cuales se genera liquidez en la economía y se garantiza su expansión.

Lo que si se cuestiona es para qué se toma prestado y cuál es el costo financiero de esa decisión. Es lo que no han tomado en consideración las actuales autoridades gubernamentales, las cuales han promovido una política clientelar, en detrimento del interés nacional.

Sostenibilidad de la deuda

Una deuda pública es sostenible cuando financia proyectos de inversión, capaces de expandir la infraestructura, aumentar el crecimiento económico, incrementar la productividad y mejorar el capital humano.

Pero, al revés, cuando el endeudamiento se utiliza para financiar gasto corriente, cubrir déficits operativos o sostener subsidios generalizados, la deuda deja de ser una herramienta para el desarrollo y se convierte en una carga para las futuras generaciones.

El problema, por consiguiente, no es tanto el endeudamiento en sí, sino la calidad del gasto que ese endeudamiento financia. Es un caso sin precedentes en la historia de la República Dominicana, el que un gobierno se haya endeudado para pagar gasto corriente (es decir, para pagar salarios y viáticos, aumentar la nómina pública y establecer subsidios generalizados), como lo ha hecho la presente gestión.

Por otra parte, resulta altamente preocupante también el destino que el gobierno le confiere a buena parte de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento público.

Se sabe que los deposita en cuentas del Banco Central o del Banco de Reservas, generando rendimientos significativamente inferiores al costo financiero de la deuda contratada.

En otras palabras, el Estado pide prestado, a tasas de interés relativamente elevadas, al tiempo que coloca esos recursos a tasas bajas.

Desde el punto de vista financiero, esta estrategia genera un costo negativo, el cual es asumido por los contribuyentes.

Esa práctica aumenta el peso del servicio de la deuda sobre el presupuesto nacional. Cada año, una proporción creciente de los ingresos públicos debe destinarse al pago de intereses, reduciendo el espacio fiscal para invertir en educación, salud, infraestructura, seguridad ciudadana o programas de protección social.

Por lo tanto, el problema deja de ser únicamente el volumen de la deuda para convertirse en el costo creciente de su sostenibilidad. Hasta ahora, el gobierno no ha proporcionado una respuesta convincente de por qué acude a ese comportamiento de incrementar la deuda externa para depositar los recursos obtenidos en los bancos estatales.

Desde el gobierno se afirma que los bonos soberanos se colocan a tasas similares a las de países con grado de inversión. Admitiendo que eso fuera cierto, no es un argumento suficiente. Una deuda no es positiva porque se obtenga a una tasa ligeramente menor que la esperada.

Una deuda tiene sentido cuando financia activos públicos capaces de generar beneficios económicos y sociales superiores a su costo financiero. El criterio determinante no es únicamente el costo de la deuda, sino su rentabilidad social, determinada por los proyectos financiados por la misma.

Insostenibilidad de los intereses

Las consecuencias del rápido crecimiento de la deuda pública es un incremento del pago de sus intereses. Del 2020 al 2026, dicho pago se habrá duplicado en apenas seis años.

En el 2020, el pago de intereses del gobierno central alcanzaba la cifra de casi 162 mil millones de pesos. Ahora, en el 2026, se proyecta a más de 324 mil millones. Eso significa que durante este gobierno del PRM, el pago de los intereses ha aumentado en un 100%.

Es la partida de mayor crecimiento en el presupuesto, la cual compite con la inversión en educación, equivalente a un 4% del producto interno bruto. Es el gasto que gravita con mayor peso en las finanzas públicas; y el año pasado, 2025, representó casi el doble de lo que se destinó a la inversión pública.

Eso es demoledor. Simboliza la irresponsabilidad con que el gobierno del PRM, no solo ha incrementado, hasta niveles alarmantes, la deuda pública, sino el manejo inadecuado e irresponsable que ha hecho de esos recursos.

Entre 2020 y 2026, el gasto público total ha crecido en cerca de un 88%. Pero de esos recursos, de cada 100 pesos ejecutados, aproximadamente 86 pesos se han destinado a gasto corriente y apenas 14 pesos a gasto de capital, una de las proporciones más bajas registradas en la historia.

Ese es el gran legado que nos está dejando el actual gobierno del PRM.