El riesgo invisible de convertir aeropuertos en puntos militares

Por Nelson Gómez 

La posibilidad de que la República Dominicana permita la instalación de infraestructura militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y en la Base Aérea de San Isidro, bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el narcotráfico suramericano, plantea interrogantes que van mucho más allá de la cooperación bilateral tradicional. Lo que está en juego no es sólo un acuerdo operativo: es la posición geopolítica del país en un momento de tensiones crecientes en la región.

República Dominicana ha construido su estabilidad sobre dos pilares esenciales: la paz interna y una política exterior prudente, basada en el equilibrio y el respeto entre naciones. Convertir aeropuertos estratégicos en posibles plataformas militares de una potencia extranjera podría alterar de manera significativa ese balance. En un escenario donde Estados Unidos intensifique su confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el territorio dominicano podría ser interpretado como un punto de apoyo logístico. Y en geopolítica, las percepciones son tan importantes como los hechos.

No es exagerado señalar que, en un conflicto regional, el país podría convertirse en objetivo de represalia, especialmente considerando que Venezuela ha adquirido tecnología militar avanzada de aliados como Irán. Basta imaginar el impacto de un ataque con cohetes sobre Las Américas o San Isidro para comprender la magnitud del riesgo. La amenaza no sería solo militar: sería económica, social y moral.

República Dominicana depende profundamente del turismo, un sector sumamente vulnerable a la percepción internacional de inestabilidad. Cualquier indicio de que el país se encuentra envuelto, directa o indirectamente, en un conflicto ajeno tendría consecuencias inmediatas sobre la llegada de visitantes, sobre la inversión y sobre la imagen del país como destino seguro y confiable.

Por eso, más allá de la retórica oficial, la discusión debe ser abierta, transparente y centrada en los intereses nacionales. La seguridad es indispensable, pero también lo es la soberanía. Y difícilmente puede considerarse prudente una decisión que exponga al país a riesgos que superan, con creces, los beneficios argumentados.

La República Dominicana no puede permitirse ser un actor accidental en disputas que no le pertenecen. Antes de avanzar por un camino que podría comprometer su futuro, el gobierno tiene la responsabilidad de explicar con claridad, profundidad y honestidad: ¿qué se gana y qué se arriesga realmente?