Reforma a la ley de seguridad social
Ante la necesidad de evolucionar el sistema de seguridad social actual, la reforma de la Ley 87-01 de Seguridad Social busca garantizar una mayor protección en la cobertura y la calidad de los servicios de salud, además de pensiones dignas y sostenibles para la ciudadanía.
“El modelo actual tiene que evolucionar a tratar de incorporar en la parte de pensión, principalmente, a incorporar aspectos de garantía porque algo que quizás a la persona más le molesta o le preocupa es ‘¿cuándo me voy a pensionar?’”, comentó con el director de Listín Diario, Miguel Franjul.
Según la resolución 01-2025 de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a un empleado se le descuenta el 2.87% de su salario ordinario para el fondo de pensiones y 7.10% al empleador del salario cotizable del empleado para el seguro de vejez, mientras que el promedio regional ocupa un 15% y el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ronda en un 18%.
A esto adicionó el factor de la informalidad laboral como una dificultad para que las personas se integren al sistema de seguridad social, excluyéndolas de la protección y el ahorro que ofrece el sistema, afectando la sostenibilidad financiera junto con dificultades para atarse a una cotización fija debido a que sus ingresos no son estables.
Pese a lo descrito, Torres explicó que la modificación normativa se ha estudiado durante casi cuatro años por medio de trabajos con el Consejo Económico y Social (CES), acceso a modelos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y propuestas con los sectores para ofrecer un esquema más actualizado a las necesidades de la sociedad actual.
En ese sentido, anunció que el proyecto de ley podría presentarse dentro de un mes o dos meses para el Congreso Nacional resaltándolo como un avance positivo dentro del proceso.
Mientras tanto, la reforma a la Seguridad Social se mantiene como una de las metas pendientes que trazó el presidente Luis Abinader en su primera toma de posesión y aún continúa como uno de sus objetivos pendientes a culminar en el tren gubernamental.
Con vigencia desde el año 2001 esta ley ha sido discutida en períodos anteriores con fallas señalas para mejorar llegando incluso a crear una comisión bicameral para su evaluación.