Superintendencia de Seguros
Santo Domingo, R.D. – A partir del 1 de julio de 2025, entra en vigor en República Dominicana una nueva resolución que transforma las tarifas y coberturas del Seguro de Responsabilidad Civil (RC) obligatorio para vehículos de motor, eliminando la Tarifa 010-2002 vigente desde hace más de dos décadas. La medida, contenida en la Resolución 5/2025 emitida por la Superintendencia de Seguros, establece un incremento significativo tanto en los límites de cobertura como en las primas que deberán pagar los propietarios de vehículos.
El nuevo esquema contempla aumentos en los límites mínimos de cobertura por daños a terceros, pasando de RD$100,000 a RD$500,000 por víctima, y hasta RD$1 millón por evento en el caso de automóviles privados. Para vehículos de transporte público y de carga, así como autobuses turísticos, las coberturas oscilan entre RD$1 millón y RD$2 millones. Las motocicletas, por su parte, tendrán primas base de RD$1,337 y coberturas mínimas que se duplican en comparación con el esquema anterior.
Si bien la reforma representa un avance importante en la protección a víctimas de accidentes de tránsito, también implica una carga económica adicional para sectores vulnerables como motoconchistas, taxistas informales y pequeños transportistas. Las primas anuales para diversos tipos de vehículos aumentarán entre un 15 % y un 40 %, lo que podría afectar la formalización del seguro en zonas rurales o de bajos ingresos, donde el nivel de aseguramiento es todavía bajo.
No obstante, las autoridades aseguran que esta actualización responde a la necesidad de adecuar el sistema asegurador a las condiciones actuales del tránsito y garantizar una compensación justa a quienes sufren daños personales o patrimoniales. La medida fue consensuada con la Junta Consultiva de Seguros (Jucose) y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), y también incorpora recargos por potencia del motor, uso del vehículo y tipo de servicio ofrecido.
La Superintendencia de Seguros ha reiterado que la misión del Estado es velar porque todos los ciudadanos estén debidamente protegidos ante un siniestro. Advierte que las compañías que emitan pólizas por debajo de los nuevos límites establecidos serán sancionadas económicamente. Con esta disposición, se busca fortalecer la seguridad jurídica en las vías públicas y avanzar hacia un modelo más justo, solidario y eficaz en materia de seguros obligatorios.