Gobierno avanza en reforma judicial: Abinader detalla próximos pasos para el Consejo Nacional de la Magistratura

El presidente Luis Abinader informó que la aprobación del reglamento de aplicación necesario para designar al nuevo procurador general de la República sigue pendiente, tras la promulgación de la Ley No. 1-25, que modificó la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

“Hoy, en una reunión a las 7:30 con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, vamos a discutir el reglamento para poder presentarlo formalmente. Esto tiene unos tiempos establecidos. Una vez el reglamento sea aprobado, convocaremos al Consejo Nacional de la Magistratura para proceder con la elección del procurador o la procuradora, así como de los jueces pendientes de designación en la Suprema Corte de Justicia”, declaró el mandatario durante su participación en el espacio LA Semanal con la Prensa.

La reforma constitucional establece que el procurador general de la República ya no será designado de manera unilateral por el presidente. En su lugar, el mandatario debe proponer al Consejo Nacional de la Magistratura un candidato que cumpla con los requisitos constitucionales para su aprobación.

Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la transparencia en los procesos de selección de los altos funcionarios judiciales. La reforma busca garantizar que las designaciones en el sistema de justicia se realicen con apego a los principios democráticos y constitucionales.

Próximos pasos

El presidente Abinader enfatizó la importancia de avanzar con celeridad en la aprobación del reglamento, ya que este constituye un requisito indispensable para convocar formalmente al Consejo Nacional de la Magistratura. Este organismo será responsable de evaluar y aprobar las propuestas para el cargo de procurador general de la República y de los jueces pendientes de designación en la Suprema Corte de Justicia.

Se espera que el reglamento incluya disposiciones claras sobre los procedimientos y criterios para evaluar a los candidatos, asegurando la idoneidad y la independencia de los futuros funcionarios judiciales.