Centros clandestinos atienden a las parturientas haitianas

En abril de este año, el Gobierno puso en marcha un protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos con el propósito de enfrentar la inmigración irregular haitiana. Pero en la práctica, esto ha generado un efecto colateral alarmante, ya que mujeres haitianas embarazadas, por temor a ser deportadas, estarían recurriendo a “hospitales” clandestinos donde dan a luz sin ninguna garantía médica.

El equipo N Investiga realizó un reportaje que pone en manifiesto como personas han convertido este miedo en un negocio: cobran por partos, procedimientos y hasta abortos en lugares sin condiciones mínimas de salud.

Al dirigirse al centro de salud OIPEME, ubicado en el Edificio Ramón Álvarez, en Mercado Nuevo,  que es dirigido por Silemond Senecharles, de 72 años, haitiano con ciudadanía estadounidense, quien lleva más de 25 años residiendo en el país, se percataron de que supuestamente ofrecen servicios de sonografía general, óptica, certificado médico, profilaxis y consulta general.

Sin embargo, vecinos del sector aseguraron que la realidad existente es diferente a lo que promueven, ya que los servicios van dirigidos a un público en particular, según una denuncia que se recibió hace aproximadamente un mes.

A través de un audiovisual se observa uno de los procedimientos realizados en el centro que fue compartido por el denunciante, quien explicó que descubrieron el lugar clandestino ante la constante llegada de ambulancias para atender haitianas, quienes inicialmente se creían que vivían en el edificio.

El querellante indicó que se mantuvieron dándole seguimiento, ya que les llamaba la atención el hecho de que tantas nacionales haitianas estuvieran dando a luz en la zona.

“Pero uno le dio seguimiento a tantas mujeres que dan a luz, hasta que averiguamos que era de ahí que estaban saliendo, porque eso era una cosa dizque de odontología, pero eso era de hacer partos y abortos”, indicó el denunciante vía telefónica.

Hallan feto en la basura

Un hecho que despertó alarma en los vecinos fue el hallazgo de un feto en la basura, por lo que llamaron a la Policía Nacional.

En ese sentido, el testigo sostuvo que el doctor solo permaneció cuatro horas detenido en el Destacamento de Villas Agrícolas y más tarde fue liberado.

Silemond Senecharles negó guardar relación con este  suceso y el hecho de que su consultorio fuera cerrado por estas razones, ya que asegura que él mismo tomó la decisión de clausurar el centro.

“No, yo decidí, porque la gente no me quiere, pero tuve la intervención de la policía cuando encontró el feto en la basura”, indicó el doctor ante las cámaras.

Al transcurrir un mes de lo denunciado, el equipo N Investiga recibió otra denuncia de que el supuesto doctor estaba laborando en el sector Los Tres Ojos de Santo Domingo Este, donde se pudo constatar de que figuraba el mismo letrero con la antigua dirección y ofreciendo los mismos servicios.

Algunas fotografías demuestran que algunas embarazadas salen del consultorio.

Estudios realizados

Al cuestionar a Silemond Senecharles sobre su profesión, aseguró que es médico general epidemiólogo y médico estético, confirmando a la vez que realizó sus estudios en la Universidad Central del Este (UCE), además de especializarse como sonografista en el Centro Editorial Ciencias Médicas (Encimed).

Al consultar la página web de Salud Pública, puesta en marcha como resultado de los numerosos trabajos de usurpadores de títulos que hemos presentado, comprobamos que es egresado de medicina en la UCE con el exequatur  2736, registrado el 5 de noviembre de 2013. Pero no es ni odontólogo, ni oftalmólogo ni mucho menos ginecobstetra.

Senecharles figura en ONAPI como titular de OIPEME, Organización Internacional para la Erradicación de las Enfermedades Endémicas, registrada en la referida institución el 19 de octubre de 2023, con la actividad de “brindar servicios de salud, especialmente los más necesitados, y participar en la prevención enfermedades epidémicas y endémicas, sin fines de lucro”. Pero una cosa es tener registrado un nombre comercial y otra muy diferente tener permiso de Salud Pública para dar servicios médicos.

El supuesto doctor confesó no estar habilitado para brindar servicios médicos en el país, pero indicó que habría iniciado el procedimiento para lograr el permiso.

Sin embargo, según confirmamos en la Dirección de Habilitación de Salud Pública no ha iniciado estos procesos, por lo que dispusieron el cierre de ambos centros por violación a la Ley General de Salud. Explicaron que han cerrado otros, incluyendo uno en Santiago que duró cerrado unas dos semanas cerrado hasta que cumplió con los requisitos.

Al mostrar su carnet del Colegio Médico Dominicano (CMD), el equipo de N Investiga entró al consultorio y se percató de que, además de un sonógrafo, había un recetario, equipos para evaluar la vista y servicios de odontología en medio de condiciones de hacinamiento.

Confirma realiza partos a embarazadas haitianas

Al ser cuestionado sobre si realiza partos a nacionales haitianas, confesó que sí y que colabora con el corte del cordón umbilical, considerando que es parte de sus obligaciones como médico.

Resaltó que por el servicio brindado, en ocasiones, cobra un monto de RD$10,000.

“Aquí, sí, hay muchas veces. La gente hace parto en su casa. Yo ayudo a cortar el cordón umbilical. Tengo, pertenece a mi obligación como médico. Porque el hecho que hay mucho problema por los haitianos ahí. Muchas veces hacen parto allá, en su casa”, sostuvo.

Pero debe tener licencias tanto para los dos centros como para brindar servicios médicos ambulatorios y vender medicamentos.

Otros casos

Un caso similar ocurrió la pasada semana, en Nueva Jerusalén, Santo Domingo Este, donde residentes acusaron a una doctora, cuyo nombre no fue revelado de prestar servicios a embarazadas haitianas indocumentadas, incluyendo una acusada, junto a su esposo, de haber quemado a su hija recién nacida.

Aunque organizaciones que luchan por los derechos de los migrantes dicen no haber recibido denuncias de centros clandestinos, manifiestan que tienen numerosos casos de mujeres obligadas a dar a luz en sus casas con parteros cuyos bebés no han podido recibir siquiera la primera vacuna.

El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), William Charpentier, consideró que “ya en pleno siglo XXI se había superado prácticas que se daban en los campos, en los bateyes, de comadronas, de criar niños y traer un niño en el mundo para pasar trabajo”.

Cabe destacar que una comadrona o partero no cuenta con la capacitación, insumos y aparatología que contaría un ginecobstetra y un hospital autorizado para atender cualquier complicación, como se evidencia en estas fotografías del interior del centro ubicado en el Mercado Nuevo.

¿Se están llenando los hospitales nuevamente de haitianos indocumentados?

Según el Servicio Nacional de Salud (SNS), al comparar los datos de enero a mayo de 2025, los servicios a haitianos han bajado en más de un 67 %, luego del protocolo. Sin embargo, la pasada semana, ciudadanos denunciaron a través de las redes sociales que los hospitales nuevamente están registrando alta presencia de haitianos ilegales, sobre todo en zonas turísticas de la provincia La Altagracia.

“Se están llenado los hospitales de nuevo de ilegales (se escucha a personas decir no me grabes), estamos volviendo a lo mismo. Ahorita no tienen los dominicanos cupo en los hospitales como hace 3 meses atrás”, expresa en video un ciudadano grabando a haitianos en un hospital.

Si bien es cierto que el protocolo de verificación migratoria permite enfocar mejor los recursos hacia la población dominicana, es lamentable que desaprensivos conviertan esto en un nicho de negocio atentado contra la vida de estas mujeres y sus bebés. El debate continúa abierto entre la seguridad nacional y la dignidad de quienes, al no tener estatus migratorio irregular, quedan excluidos de un sistema de salud accesible y seguro, negado desde un principio por su propio país de origen.