Caso Jet Set: Ángel Lockward denuncia “lentitud” del TSA para fijar audiencia

El jurista Ángel Lockward, representante legal de varias víctimas en el proceso judicial vinculado al establecimiento Jet Set, denunció este lunes la marcada demora procesal en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) respecto a la demanda interpuesta contra el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional.

Lockward recordó que, desde finales de enero, la defensa espera que el tribunal fije la fecha para la audiencia oral, donde se conocerá una reclamación económica que asciende a los 2,000 millones de pesos.

“El 29 de enero nosotros le pedimos al Tribunal Superior Administrativo que fijara audiencia para conocer de una demanda de 2,000 millones de pesos de mis clientes… y les había dicho que encontraba mucha lentitud en el tribunal para fijar la audiencia oral que les pedimos”, puntualizó el abogado.

Expectativas sobre la tipificación

Al ser consultado sobre el avance de las peticiones de los querellantes en la jornada de hoy, Lockward indicó que, aunque se inician las vistas correspondientes, no prevé variaciones en la calificación jurídica del caso.

“Hoy se van a empezar a conocer las peticiones de los querellantes. No creo que la tipificación vaya a cambiar”, señaló, al tiempo que reafirmó su compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre el curso de la demanda patrimonial contra las instituciones estatales y municipales involucradas.

En la actualidad, el Ministerio Público está apoderado de unas 120 querellas contra los hermanos Espaillat.
Durante esta etapa, el tribunal deberá analizar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público para determinar si existen méritos suficientes que justifiquen la apertura de un juicio de fondo.

La audiencia preliminar constituye una fase del proceso penal en la que se evalúan las pruebas aportadas por la acusación.

El Ministerio Público acusa a los imputados de homicidio involuntario y de golpes y heridas involuntarias.

Según el expediente, en su condición de responsables de la operación del establecimiento ubicado en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat habrían incurrido en violaciones a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.