Jet Set
El próximo 8 de abril se cumple un año del colapso del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que dejó cientos de muertos y heridos y que marcó profundamente a decenas de familias dominicanas. Doce meses después, el dolor permanece intacto y el reclamo principal sigue siendo el mismo: justicia.
La madrugada del desastre no solo dejó víctimas fatales y sobrevivientes con secuelas físicas y emocionales, también dejó familias destruidas, niños que quedaron huérfanos y una sociedad que aún intenta comprender cómo ocurrió una de las tragedias más impactantes de la historia reciente del país.
Mientras el proceso judicial continúa su curso, familiares de las víctimas y sobrevivientes mantienen vivo el reclamo en las calles. A través de misas, vigilias y manifestaciones, han insistido en exigir responsabilidades por lo ocurrido.
Uno de los aspectos que más preocupa a los afectados es la situación de los niños que quedaron sin sus padres tras la tragedia. Muchos de ellos dependen actualmente del apoyo de familiares que intentan sostenerlos, mientras no existe un plan estatal claro que garantice su bienestar a largo plazo.
Tras el colapso, el Ministerio Público incautó el local, bloqueó bienes e inició una investigación penal para determinar si el hecho fue un accidente o el resultado de negligencias evitables.
En junio de 2025 fueron arrestados los propietarios del establecimiento, acusados de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. Sin embargo, el tribunal impuso medidas de coerción no privativas de libertad: una fianza de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.
La decisión generó cuestionamientos entre las víctimas y sus familiares.
Cristóbal Moya, sobreviviente de la tragedia e integrante del Movimiento Justicia Jet Set, aseguró que muchos consideran que el sistema judicial ha actuado con privilegios hacia los acusados.
Las acciones legales comenzaron a depositarse de manera gradual entre abril y junio de 2025, cuando se presentaron unas 40 querellas. Actualmente, el número ha aumentado significativamente.
Según datos ofrecidos por el propio movimiento de afectados, hasta principios de abril se contabilizaban al menos 317 querellantes, cifra que podría aumentar conforme se integren nuevas acciones al expediente.
A pesar de la magnitud del caso, el proceso judicial aún no ha llegado a una sentencia definitiva. El expediente ha enfrentado aplazamientos y dilaciones, lo que ha alimentado la percepción de impunidad entre los familiares de las víctimas.
Además de las querellas contra los propietarios del establecimiento, también se han presentado acciones contra el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional por presuntas fallas de supervisión.
En el ámbito civil tampoco se ha alcanzado una solución integral. Aunque existen negociaciones individuales, no se ha anunciado ningún acuerdo global de indemnización para las víctimas.
Ante la falta de respuestas definitivas, sobrevivientes y familiares crearon el Movimiento Justicia Jet Set, desde donde han organizado diversas acciones de presión social.
Cada día 8 de mes realizan misas en memoria de las víctimas, que también funcionan como actos de protesta. Las actividades han sido acompañadas por el padre Rogelio Cruz y han ido sumando cada vez más participantes.
Además, el movimiento ha organizado marchas en Santo Domingo, incluyendo una movilización desde la avenida 27 de Febrero hasta el Palacio Nacional, así como otra en el municipio de Haina.
Para los afectados, la justicia no debe limitarse a un proceso judicial, sino también a reconocer las fallas estructurales que pudieron haber contribuido a la tragedia.
Parte de las investigaciones apunta a que antes del colapso existían señales de alerta dentro del establecimiento.
Empleados habían advertido sobre grietas en la estructura, filtraciones de agua y posibles riesgos en el techo. Entre esos testimonios figuran mensajes atribuidos al empleado Gregory Adames, quien supuestamente alertó sobre las condiciones del lugar.
Según los querellantes, incluso se habría recomendado suspender una de las fiestas celebradas en el local, advertencia que no habría sido tomada en cuenta.
Las indagatorias también apuntan a posibles modificaciones estructurales sin supervisión técnica, sobrecarga en el techo e intervenciones que no contaron con estudios especializados.
A esto se suman denuncias sobre presuntos intentos de intimidación a testigos, lo que ha llevado a solicitar medidas de protección en algunos casos.
Más allá del proceso judicial, la tragedia dejó profundas heridas humanas.
Nelffisis Sánchez Brea, egresada de Negocios Internacionales y modelo, falleció tras acudir a la discoteca para celebrar su cumpleaños junto a su pareja, el expelotero de Grandes Ligas Tony Enrique Blanco Cabrera.
La pareja dejó un hijo de apenas cuatro meses de nacido, Thiago Enrique, quien aquella madrugada se encontraba en su casa.
Sus padres, Nelson de Jesús Sánchez y Juanita Ordelina del Carmen Brea, recuerdan que la última llamada de su hija ocurrió minutos antes del colapso.
Tras conocer la noticia del derrumbe, recorrieron hospitales buscando alguna señal de que ambos estuvieran con vida. Horas después recibieron la confirmación de la tragedia.
Desde entonces, aseguran que cada recuerdo revive el dolor de la pérdida.
Cristóbal Moya es uno de los sobrevivientes que ha decidido mantenerse activo en la lucha por justicia.
Se encontraba dentro de la discoteca junto a tres acompañantes. Fue el único que sobrevivió.
Recuerda que momentos antes del colapso observó cómo se rompía uno de los plafones del techo y caía un polvo fino. Minutos después se desprendió otro, acompañado de agua.
Poco después, una parte de la estructura cayó sobre el lugar.
Moya permaneció entre 15 y 20 minutos bajo los escombros antes de ser rescatado por los socorristas. Sufrió fractura en la columna lumbar, lesiones en la rodilla y un golpe en la cabeza.
Las imágenes de su rescate, atrapado bajo los escombros, fueron de las primeras en viralizarse tras el colapso y se convirtieron en uno de los símbolos de la tragedia.
Para recordar a las 236 víctimas, los familiares han organizado una vigilia y encendido de velas el 7 de abril en la zona donde ocurrió el colapso.
Además, el 8 de abril realizarán una jornada conmemorativa que incluirá varias misas y actos de recordación.
El movimiento también ha solicitado que esa fecha sea declarada Día de Duelo Nacional y que el lugar de la tragedia sea declarado de utilidad pública para construir un monumento en memoria de las víctimas.
Un año después del colapso del Jet Set, el caso continúa abierto. Hay responsables señalados, advertencias documentadas y decenas de procesos judiciales en curso.
Sin embargo, hasta ahora no existe una sola condena.
Detrás de cada víctima hay una historia interrumpida, familias que aún no logran cerrar el duelo y niños que crecieron sin sus padres.
La tragedia ocurrió en cuestión de segundos.
La justicia, en cambio, sigue esperando.