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Hasta el momento, 10 personas han perdido la vida desde que se cerraron las labores de búsqueda y rescate, lo que representa que 231 decesos por el hecho. Otras 179 fueron afectados y están en centros de salud y otros en sus hogares.

«Esta acción judicial busca sentar precedentes sobre la responsabilidad de los propietarios de centros de entretenimiento en garantizar condiciones adecuadas de seguridad, así como del Estado en su rol de fiscalizador,» expresó Félix Portes, el abogado de la familia.

Los tres procesos son para la compra de poloshirts , pantalones, mochilas, kits y de zapatos escolares.

También se ha informado de la muerte de catorce venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, un italiano y un keniano.