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El equipo N Investiga realizó un reportaje que pone en manifiesto como personas han convertido este miedo en un negocio: cobran por partos, procedimientos y hasta abortos en lugares sin condiciones mínimas de salud.

Los apelantes solicitaban que se sustituyeran las medidas impuestas por prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal ratificó la decisión que establece una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a los hermanos Espaillat, y declaró el caso como complejo.

Yoseli Castillo Fuertes, quien explica que sus palabras son con el fin de aclarar puntos y expresas sus “sinceras disculpas”, sostiene que las letras fueron escritas en el exterior y no “involucra a ninguna organización, grupo o colectivo de la comunidad LGBTIQ+ dominicana”.

Abinader llamó a las alcaldías a ejecutar las obras en el plazo de un año, a fin de poder gestionar más recursos posteriormente